La organización, al parecer, utilizaba un grupo armado para vigilar los predios, obligar a los propietarios a cumplir los plazos de construcción de las viviendas y presionar el pago de las cuotas por el pago de los lotes

Ante el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de la libertad a ocho presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado La Conquista, cuyos integrantes se dedicarían a la invasión y urbanización ilegal de tierras en Cali.

La evidencia física recaudada por el CTI estableció que la banda La Conquista delinquía en Cali donde, al parecer, se apoderaba de predios ubicados en el corregimiento de Navarro, en el oriente de esta ciudad.

Por estos hechos un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) judicializó a José Willington Rojas Montaño, alias Rojas o R, presunto cabecilla de la organización criminal; a Claudia Marcela Ortiz Pai, alias La Chela, Juan Carlos Mafla Reina, alias Juanca; Marceliano Arboleda Carabalí, alias Tatareto; Robinsón Rojas Montaño, alias Pikiña; Alexis Morales Aguirre, alias Urban Flow y Fabio Sánchez Cundumí, alias Cundu.

Estas personas fueron procesadas como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir en concurso con invasión de tierras, urbanización ilegal, fraude procesal, violencia contra servidor público fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego. 

  

Por su parte, Diego Fernando Castillo Gallego, alias Fercho, fue imputado como presunto autor de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

 El modus operandi 

Labores de investigación adelantadas por los servidores del CTI determinaron que los presuntos integrantes de la organización delincuencial se habrían apoderado ilegalmente, desde abril de 2021, de terrenos de una reconocida hacienda, la cual habrían parcelado para luego venderlos a familias desplazadas de la costa pacífica nariñense.

Según consta en el proceso judicial, los lotes alcanzaban precios de entre 4 y 16 millones de pesos; y no contaban con títulos de propiedad real. Así mismo, fue posible establecer que esta organización ilegal era apoyada por la banda delincuencial La Conquista que intimidaba a los compradores para que construyeran en determinado plazo, so pena de ser despojados de los terrenos y desplazadas a la fuerza.

Las personas que adquirían los bienes eran presionadas a pagar altas sumas de dinero por la conexión de servicios públicos como acueducto y energía, los cuales eran obtenidos fraudulentamente.

A la par de estas acciones José Wellington Rojas Montaño, alias Rojas, al parecer, conformó un grupo armado ilegal conocido como Los Vigilantes que se encargaba del control territorial y de avisar sobre el proceder de las autoridades para que de esa manera La Conquista pudiera concretar distintos delitos.

A Los Vigilantes se les atribuye un ataque a la fuerza pública, ocurrido el pasado 27 de septiembre cuando durante una diligencia judicial contra el cabecilla de la organización, se motivó a la comunidad para que impidiera la detención. En desarrollo de estas acciones uno de los presuntos integrantes de la red ilegal accionó en tres oportunidades un arma traumática contra el integrante de la Policía Metropolitana.

Servidores del CTI apoyados por soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, realizaron seis diligencias de registro y allanamiento a viviendas en Cali y Popayán (Cauca) donde fueron detenidos los ocho imputados.

En estos procedimientos fueron incautadas tres actas de socialización sobre turnos de vigilancia y seguridad en el asentamiento La Conquista, un manuscrito titulado “El derecho a vivienda digna de población vulnerable en materia de desalojo por ocupación de techo”. Un cuaderno con anotaciones relacionadas con la venta de predios, cobros por servicios públicos y un listado de reuniones con presuntos propietarios de los terrenos.

Tres computadores, dos discos duros, cuatro celulares, dos USB, una canasta con documentos y un cuaderno con información detallada de futuras ventas de lotes y cobros; tres proveedores para pistola 9 milímetros, 8 cartuchos calibre 38.  Doce máquinas artesanales para la elaboración de cigarrillos de marihuana, una balanza, una licuadora y marihuana.

Ninguno de los asegurados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

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